TDJ falla a favor de pobladores de Zongo en un amparo interpuesto por empresario minero

Página Siete Digital

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz negó la acción de amparo constitucional interpuesta por el empresario minero José Óscar Bellota Cornejo contra pobladores de las comunidades de Cahua Grande y Cahua Chico, en el municipio de Zongo, al norte del departamento de La Paz.

“Habiéndose realizado este análisis de improcedencia, no corresponde ingresar en mayor análisis del caso, por cuanto se establece de forma clara que no se puede viabilizar esta acción por las razones que se han señalado. La Sala Constitucional Cuarta del TDJ de La Paz deniega la acción de amparo constitucional interpuesta por José Óscar Bellota Cornejo sin costos procesales ni multa alguna”, señaló el miércoles la presidenta del jurado.

La representación indígena accionada recibió el fallo entre abrazos, aplausos y lágrimas. Uno de los asistentes a la audiencia dijo que “se ganó el amparo sin vulnerar los derechos constitucionales” de las personas que habitan en la zona.

El empresario minero interpuso el recurso legal contra autoridades de la jurisdicción indígena de Zongo, al alegar la vulneración a sus derechos a la defensa y al trabajo como empresario minero.

En 2010, 35 comunidades de la Central Agraria de Zongo decidieron la expulsión de Bellota, después de escuchar testimonios de abusos contra los trabajadores, usurpación de tierras y daños al medio ambiente.

La determinación asumida por los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOC) del norte paceño derivó en la aprehensión de algunas de sus autoridades en el penal de San Pedro. En ese sentido, con sus autoridades detenidas, el caso quedó paralizado.

Sin embargo, un grupo de autoridades de Cahua Grande y Cahua Chico decidió formar un "consejo de justicia" para defenderse dentro del marco de la Jurisdicción Indígena.

Sobre esa línea, el caso pasó a instancias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que mediante un fallo de 2014, consideró competente la expulsión del municipio del empresario minero, donde explotaba mineral.

Con esta primera victoria, las autoridades de Zongo solicitaron la declinatoria de competencia de los jueces ordinarios en los procesos instaurados en su contra por el minero. Tras varias audiencias, viajes y trámites, las autoridades lograron dos fallos constitucionales a su favor, según una nota de prensa.

Sin embargo, Bellota nunca salió de esa localidad y continuó con las labores de minería, a pesar del fallo del TCP.

Más tarde interpuso el amparo constitucional contra las autoridades indígenas con el argumento de la vulneración a sus derechos laborales y de defensa.