Analistas: Compras directas causan la corrupción en YPFB

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realiza compras y contrataciones  directas desde montos ínfimos hasta más de 150 millones de dólares, un sistema que , para dos analistas, relaja los sistemas de control y permite hechos de corrupción.

 El experto en el área, Hugo del Granado, opinó  que "los procesos de contratación fueron muy simplificados a partir de decretos que se promulgaron desde la posesión del expresidente de YPFB, Santos Ramírez. 
A partir de  2009, los controles se relajaron mucho y se obvió  lo establecido en estatutos internos como los de conformación de comisiones de contratación y evaluación”, explicó. 

 Agregó  que "con el efecto de obviar los plazos se han hecho todas estas simplificaciones que pueden derivar en corrupción”. 

El exsuperintendente de Hidrocarburos,  Hugo de la Fuente, remarcó  que la petrolera estatal tiene su propias normas para contratación de bienes y servicios.

 "Hay las normas básicas de administración, pero Yacimientos tiene un tratamiento especial, una propia reglamentación. En el mundo petrolero se tiene la responsabilidad de responder a los requerimientos de una manera ágil y bajo esa interpretación se generó  una serie de normas y reglamentos para contrataciones más rápidas”, señaló.

Normas

En abril del 2008, el gobierno de Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 29506 que permite a la petrolera efectuar la contratación directa de obras, bienes y servicios generales de empresas del mercado interno. 
Su reglamento, del 20 de noviembre del 2013, permite a la compañía  las contrataciones directas hasta un millón de dólares. 

El artículo 12 expresa que "todas las contrataciones, independientemente de su modalidad, superiores a un millón de dólares (...) deberán ser autorizadas por el directorio de YPFB, antes del inicio del proceso de contratación”.
Para que haya mayor agilidad, el 25 de julio del 2009 el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 224 que autoriza a la petrolera a "realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en el extranjero de bienes, obras y servicios especializados cuando éstos no estén disponibles”, en el país. 

Bajo este procedimiento y decreto, según la página web de la petrolera, se llevó adelante la "contratación directa ordinaria” de la empresa Astra-Evangelista S.A. (AESA) para la construcción de la  planta de Río Grande, por 159.4 millones de dólares. 

El documento de adjudicación hace referencia al artículo 25 del reglamento que permite a la unidad solicitante "determinar la modalidad de contratación (ya sea directa o por comparación de ofertas) a ser aplicada para cada proceso de contratación considerando objeto, características, alcances, importancia, complejidad, cuantía y magnitud así como las necesidades de YPFB”.
 
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció el lunes la creación de  la gerencia nacional de contrataciones con sede en La Paz, que verificará los procesos de contratación. 
  Los ajustes se incorporan luego de que la anterior semana la empresa presentó una denuncia de corrupción ante la Fiscalía contra personeros de la Unidad de Comunicación, por facilitar la vinculación de empresas que prestan servicios.

Se acusó a dos funcionarios y a otras cuatro personas de favorecer a cinco empresas con seis contratos, que ascienden a 680.791 dólares, de los cuales la estatal petrolera ya pagó 563.157 dólares.

Caso YPFB: Citarán a 10 personas a declarar

El fiscal Leopoldo Ramos, que investiga la red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), anunció que se convocará a declarar a unas 10 personas más que fueron involucradas en el transcurso de las indagaciones, según Erbol.

Aunque no citó los nombres de los 10 nuevos investigados, el representante del Ministerio Público  dijo que entre ellos se encuentran al menos cuatro funcionarios de Yacimientos y uno de ellos supuestamente tendría un cargo jerárquico. 

"Tenemos al menos unas cinco personas, más las personas que han sido nombradas anoche (por la imputada Érika Rojas Rivera), con eso más tendremos aproximadamente unas 10 personas, estoy empezando (a emitir) las citaciones”, afirmó.  

El lunes, cuatro imputados por este caso de corrupción fueron enviados a  cárceles de La Paz y Santa Cruz con detención preventiva.