Después de trabajar por más de 25 años viendo cómo se forjaba la soberanía alimentaria del país gracias al esfuerzo de cruceños, bolivianos allegados de todos los departamentos y extranjeros que vinieron –apostando por Bolivia– a invertir en Santa Cruz, no puedo sino decir desde lo más profundo de mi corazón: ¡Benditos sean los productores agropecuarios que, arriesgándolo todo, generan alimentos para los bolivianos y millones de personas en el mundo!
Me precio de ser amigo de productores agropecuarios y agroindustriales, y aprendo mucho cuando converso con ellos, tal el caso de Rodolfo Jordán Tondelli, presidente de la Unión de Cañeros Guabirá (UCG); Marcelo Fraija Sauma, gerente general del Ingenio Azucarero Roberto Barbery Paz (Unagro) o Ernesto Antelo López, presidente de la Asociación de Productores Cañeros (SOCA), de quienes me presté sus ideas a fin de escribir esta columna.
Producir alimentos es noble y arriesgado –casi un apostolado– ¿acaso no volvió a garantizarse este 2014 el mercado interno con más de 9 millones de quintales de azúcar barata –pese a las pérdidas por el embate climático– frente a los 11,5 millones esperados?
Las deudas suben, los cañaverales envejecen y baja el rendimiento; se disparan los costos de producción por las medidas sociales que impone el Gobierno; el stock de seguridad al que se les obliga implica un costo financiero; no saben si exportarán el azúcar excedentaria por los cupos y licencias que se pueden suspender en cualquier momento. Los insumos importados siguen subiendo de precio; pese a ello, deben vender a ‘precio justo’ en Bolivia, siendo que muchas veces no compensa su esfuerzo; compiten en total desventaja en un mercado internacional distorsionado por los subsidios. No les permiten producir etanol para mezclar con la gasolina y mejorar su octanaje, y tampoco más energía eléctrica –limpia y amigable con el medio ambiente, a partir del bagazo de caña– para aportar al Sistema Integrado Nacional y sustituir el gas que podría exportárselo a un muy buen precio…
La Ley de Cargas, otro dolor de cabeza –¿por qué no ayudarlos autorizando el uso regionalizado de bitrenes?– y no es menor el problema respecto al tedioso proceso de saneamiento y titulación de tierras para tener seguridad jurídica y acceder al financiamiento…El Gobierno insta al productor a aumentar su área de siembra, pero la pesada burocracia y las leyes sin ton ni son, lo limitan…Por eso el sabor amargo de producir azúcar en Bolivia, cuando debería ser todo lo contrario…
Gary Antonio Rodríguez Álvarez
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