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En Tarija, 12 constructoras están en una situación crítica

  15 de septiembre de 2015

En Tarija, al menos 12 empresas constructoras  están  en situación "crítica” por falta de pago de los  proyectos que ejecutan para  la Gobernación. La Cámara Departamental de Construcción (Cadeco) informó  que, en total,  90 firmas son las afectadas.

"Hay constructoras sin pago debido a que la anterior administración tuvo un descontrol en la contratación de obras y a consecuencia de la caída de ingresos por la venta de hidrocarburos dejó a muchos en problemas y unas 12 constructoras  están en situación crítica”, afirmó ayer el presidente de la Federación Departamental de Empresarios Privados de Tarija, Álvaro Baldivieso.

El ejecutivo enfatizó que  Tarija vive prácticamente de la renta petrolera y su reducción  ocasionó también una crisis en la economía de la región, porque tanto el comercio como la  hotelería y los servicios están paralizados.  

 El presidente de Cadeco Tarija, Julio Alemán, confirmó que las constructoras tienen problemas financieros por el  incumplimiento de pagos de la Gobernación de Tarija y que el riesgo que se corre es el cierre de empresas.

 "A junio se tiene una deuda de 300 millones de bolivianos y a diciembre se llegará a  900 millones de bolivianos. La falta de pago hizo que muchos proyectos carreteros y de  riego, agua potable e infraestructura se paralicen”, aseguró Alemán.

Ambos empresarios atribuyeron la deuda de la Gobernación a la caída del precio internacional del petróleo; los ingresos de Tarija dependen en un 90% de la extracción de hidrocarburos.  

Según Alemán, la solución es recurrir al crédito, mediante un fideicomiso, ofrecido por el Gobierno, porque, de lo contrario, los despidos aumentarán; a la fecha hay más de  1.000 despedidos.

El secretario de Finanzas de la Gobernación de Tarija, Sergio Nieva, informó que la semana pasada  desembolsaron 170 millones de bolivianos. 
"Ya se desembolsó el 60% de la deuda existente y, por lo tanto, se espera que cesen los despidos en los próximos días”, dijo a  ATB.
Alemán aseguró que las empresas sólo recibieron un pago  de 74 millones de bolivianos, de los 300 millones de bolivianos que se les debe hasta junio; monto que subió hasta agosto.  

Los ingresos

Según la Memoria de la economía boliviana, publicada por el Ministerio de Economía,   Tarija, en 2005, recibía 139,6 millones de bolivianos por   el  Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)   y el año pasado obtuvo 316,8 millones de bolivianos.

Por regalías de hidrocarburos, la suma aumentó de 943,9 millones de bolivianos en 2005 a 3.652,4 millones en 2014.

Para este año, en el Presupuesto General del Estado 2015, las transferencias   previstas   ascendían a 4.596,3 millones de bolivianos (ver gráfico).

 
 El 10 de agosto, el gobernador Adrián Oliva publicó en  Twitter que "se acabó la época de bonanza en Tarija”, fecha en la que dio a conocer "la terrible noticia” de que el presupuesto de ese departamento se reducirá en un 53% con respecto al   año pasado.

Según el secretario general de la Gobernación, Luis Alfaro,  el departamento se encuentra al borde de la quiebra.

 El Gobierno espera una caída de más de 3.356 millones de dólares en los ingresos por  exportaciones. 

Ayer, la cotización del petróleo  WTI, de referencia para Bolivia, cerró en 44 dólares el barril.

Analizarán los recursos para las gobernaciones

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados analizará esta semana el proyecto de ley de modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2015, que   contempla recursos de las Reservas Internacionales Netas (RIN)  para que las gobernaciones afronten la   caída del precio de las materias primas.

Se convocará al ministro de Economía, Luis Arce, al presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga,  al presidente de YPFB, Guillermo Achá,  y otras autoridades.

La pasada semana, Arce informó que se destinará un fideicomiso con dinero de  las RIN del BCB para beneficiar  a las regiones con menos ingresos por la caída del precio del petróleo.

El documento del PGE reformulado precisa que, con el objeto de facilitar el acceso de las regiones  a recursos para financiar  contrapartes de los proyectos de inversión pública, se autoriza al Ministerio de Planificación a constituir un fideicomiso de 3.180 millones de  bolivianos (456 millones de dólares).

Los proyectos de infraestructura, obras públicas, servicios básicos y productivos que cuenten con financiamiento externo recibirán este apoyo.
El fideicomiso tiene un plazo de hasta  20 años y será administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La tasa de interés  para los  recursos que se canalizarán a  los  gobiernos  departamentales será actualizada en función a las condiciones financieras de los préstamos obtenidos, dispone la propuesta de ley.







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