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Persisten avasallamientos en propiedades privadas de Santa Cruz

  Publicado el: 07 de mayo de 2014

Con los dos nuevos procesos iniciados por dos recientes asentamientos irregulares llega a 40 la cantidad de procesos penales iniciados por propietarios privados de predios avasallados situados en Santa Cruz. 

Redacción central / Cambio


Dos familias propietarias de dos predios privados fueron víctimas de avasallamientos en la última semana, denunció ayer el presidente de la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios (Asppa), Jorge Zambrana.  

La familia Burgos fue una de las afectadas esta vez. Su propiedad —ubicada a 17 kilómetros de la ciudad— fue avasallada la semana pasada. “Ellos habitan esta propiedad hace 40 años”, atestigua el representante de los afectados. La segunda se produjo en el Plan Tres Mil, comentó Zambrana.  

El primer hecho ocurrió el lunes, en tanto que el segundo se produjo el miércoles, comentó antes de mencionar que la intervención fue realizada de forma violenta. 

En una invadieron el predio alrededor de ocho personas. En la otra una sola. “Como son personas violentas, los propietarios de los predios prefieren no pelear ni intervenir en este tipo de turbas de gente, en el momento de la toma de predios”, comentó. 

PROCESOS LEGALES

Ambos afectados iniciarán procesos judiciales para demostrar que son los propietarios legítimos de los predios avasallados, informó Zambrana, quien manifestó su confianza en obtener resultados positivos con la nueva Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras.

Con estos dos nuevos procesos llega a 40 la cantidad de procesos penales iniciados por propietarios privados de predios avasallados situados en Santa Cruz. 

De acuerdo con datos de la Asppa, en ese departamento existen sesenta y un terrenos invadidos por grupos de personas dirigidas por traficantes de tierras. Con los dos nuevos casos contabilizan un total de sesenta y tres. 

LO QUE DICE LA NORMA

Según la ley, “se entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales”.

Una de las finalidades principales de la norma es “precautelar el derecho propietario, el interés público (...) y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones”.