A un mes de la sanción de la ley propietarios denuncian presión

 Manuel Filomeno  / La Paz

Cuando ha pasado un mes de la sanción de la Ley Excepcional de Alquileres por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), propietarios de inmuebles denuncian que existe presión y extorsiones de parte de algunos inquilinos, quienes se rehúsan a pagar sus arriendos en espera de la promulgación de la norma.

“Los inquilinos no pagan y nos amenazan con iniciarnos procesos si intentamos desalojarlos, diciendo que la ley les da ese derecho, a pesar de que la ley no ha sido promulgada”, señaló Manuel Merino, propietario de dos garzoniers en alquiler.

A pesar de haber sido sancionada el pasado 30 de junio, la norma aún no ha sido promulgada y la presidenta Jeanine Añez la envió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que este ente haga una revisión constitucional de la norma.

Según los propietarios, algunos arrendatarios de inmuebles se rehúsan a pagar sus alquileres en espera de la aprobación de la ley, generando un daño económico a los propietarios. 

Además, los dueños de inmuebles indican que algunos inquilinos incluso amenazan a sus arrendadores con iniciarles procesos si los desalojan o de hacer destrozos a sus propiedades si los fuerzan a salir.

  “El tema de la ley, desde su presentación en abril, nos ha puesto en una situación muy difícil con los inquilinos. No hay caso ni de negociar con ellos, uno puede entender la necesidad y llegar a acuerdos, pero ahora estamos en desventaja”, explica Carmen Moreno, otra propietaria.

Consultado sobre el tema, el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles (Aprobin)  Franklin Poppe  señaló que mientras no se promulge la ley, los inquilinos deben cancelar sus alquileres, de lo contrario estarían incurriendo en los delitos de abuso de confianza y extorsión.

“El proyecto de ley sigue en statu quo en el TCP;  por tanto, mientras no se defina esta situación, no existe ley promulgada, que obligue al arrendador a esperar nada. Ningún inquilino debe dejar de pagar sus alquileres mensuales, salvo extrema necesidad, caso contrario estaría camino a los delitos de abuso de confianza, tipificado en el artículo 346 del Código Penal, y hasta posiblemente el delito de extorsión si utiliza violencia contra el arrendador, lo que significaría tres años de pérdida de libertad en caso de comprobarse mediante un juicio penal”, señaló.

Desalojos y amenazas

Por su parte, algunos  inquilinos indicaron que los propietarios de los inmuebles en los que habitan también ejercen presión para que estos paguen los alquileres o desalojen sus viviendas.

  “He tratado de mantenerme al día con el alquiler, pero el dueño de casa parece que no entiende que nuestros ingresos se han reducido y que nos cuesta más reunir la plata para pagarle. Ya nos ha amenazado con botarnos si no pagamos en los próximos días y así es desde al menos dos meses”, denunció Roger Cabezas, un inquilino.

En otros casos, los inquilinos indicaron que los propietarios, ante la falta de pago de alquileres, les cortaron los servicios básicos como el agua o la energía eléctrica.

“El dueño del departamento en el que vivo nos corta el agua cada vez y en tres ocasiones nos ha cortado la luz. Por el momento ha reconectado los servicios después de un día o dos, pero siempre inventa alguna excusa o nos dice que si le pagamos dejará de hacerlo”, indicó otro inquilino.

De acuerdo con un reporte del diario Opinión de Cochabamba, en esa ciudad la Organización de Inquilinos de Cochabamba (Oinco)  denunció que atienden cerca de 15 denuncias de desalojo injustificado cada día en esa ciudad.

“Las denuncias de desalojos se  han incrementado en esta pandemia. Antes, estos reportes se daban rara vez. Por eso, pedimos a las autoridades que nos ayuden porque están dejando a la gente en la calle en plena cuarentena y no están haciendo nada por este sector”, señaló el presidente de la  Oinco  Aniceto Hinojosa.

El pasado 30 de junio, la ALP sancionó la norma,   que dispone la rebaja de los alquileres en 50% desde el inicio de la emergencia sanitaria de la Covid -19 de manera retroactiva hasta tres meses después de que se levanten todas las medidas de cuarentena.

En compensación, los propietarios podrán beneficiarse del descuento del 50% en el pago del Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), así como descuentos de los impuestos municipales a los inmuebles.

Proyecto de ley prohíbe los desalojos

Según el proyecto de Ley Excepcional de Alquileres, el propietario o arrendador no podrá por ninguna circunstancia desalojar al inquilino del inmueble utilizado para vivienda, comercio, prestación de servicios e industria.

Asimismo, indica que “se brindará protección especial a arrendatarios adultos mayores, personas con familias numerosas, discapacitados, mujeres en estado de gestación, enfermos de gravedad y personal de salud”. 

La norma también advierte que las víctimas de la infracción podrán recurrir ante un conciliador en materia civil.

 El proyecto de ley también suspende en todo el país la ejecución de sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles destinados a vivienda, por el tiempo que dure la cuarentena, en todas sus modalidades.

Por último, la norma, dispone que se congele el canon o monto de arrendamiento del inmueble hasta fin de año.