Gobernación no admite problemas en sus cuentas

A pesar de que el Ministerio de Economía publicó una lista de “inmovilización de recursos fiscales” para seis gobernaciones, incluida la de Cochabamba, y 238 municipios del país, el asesor general de la Gobernación de Cochabamba, Jhonny Ledezma, negó ayer la congelación de las cuentas corrientes del departamento.

Añadió que no hubo comunicado oficial y que se verificó que las cuentas fiscales de esa institución continúan vigentes.

En una publicación realizada en el matutino paceño La Razón, el Ministerio de Economía detalló que el congelamiento de cuentas corre a partir de ayer y se aplica a gobernaciones y municipios que no presentaron estados financieros 2014, auditorías internas o auditorías operativas de las entidades beneficiadas por los recursos del  Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), entre otras faltas a la norma.

Según la publicación, 44 de los 47 municipios del departamento tienen sus cuentas congeladas. Al respecto, el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Saúl Cruz, afirmó que la noticia “sorprendió” a los directivos de esa entidad y que verificarán con el Ministerio qué documentos no fueron entregados a tiempo.

Cruz señaló que si la situación se mantiene por mucho tiempo, los proyectos que se ejecutan con los recursos del IDH, que son principalmente del área de salud, educación y de apoyo a la producción agrícola, se verían perjudicados.

Advirtió que “es una situación complicada”, sobre todo porque los municipios están en proceso de transición de mando y que los representantes electos no pueden asumir problemas que son responsabilidad de las gestiones actuales.

Por su parte, el exasambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), Mario Orellana, afirmó que ya ocurrió algo similar en la Gobernación en 2012. Dijo que, con el actual congelamiento de cuentas, podrían verse afectados proyectos de mejoramiento carretero, de servicios básicos y de apoyo agropecuario.

Por su parte, en un boletín de prensa, el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, señaló ayer que la determinación supone que las instituciones afectadas no podrán realizar pagos mientras sus cuentas estén inmovilizadas.  

“Si bien pueden programar y hacer licitaciones no pueden efectivizar pagos, la obligación del Gobierno es acatar las disposiciones de cumplimiento obligatorio”, advirtió Durán.

Dijo que el gran número de entidades afectadas se debe a que los funcionarios no revisan la normativa que está vigente hace años y que las máximas autoridades y sus técnicos tienen la obligación de revisar las disposiciones legales y su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

La decisión obedece a la aplicación del artículo 27 de la Ley 1178 que establece que todas las entidades tienen la obligación de presentar sus estados financieros junto a su auditoría financiera. La fecha límite para la presentación de esos documentos era el 28 de febrero.