El gobierno no tiene aún posición oficial sobre el presunto fallo en contra del estado boliviano

Una vez que sea notificado, el Estado boliviano tiene 10 días para pagar los 22,5 millones de dólares que la Jindal Steel Bolivia (JSB) afirma haber ganado como indemnización por la ejecución de sus boletas de garantía en un juicio de arbitraje interpuesto ante la corte de la Cámara Internacional de Comercio (CIC) con sede en París, Francia.
El abogado de la JSB, Antonio Valda, dijo que la notificación está pendiente y que si Bolivia no paga podría sufrir sanciones comerciales.
Por su parte, el Gobierno de Evo Morales optó por no hacer comentarios y el ministro de Minería, César Navarro, se limitó a señalar que “en las próximas horas” se difundirá una posición oficial.
Desde la Procuraduría General del Estado, instancia que maneja procesos similares al tratarse de recursos estatales, informaron que sólo hacen seguimiento y que el tema está a cargo de Minería.
Valda informó que el plazo corre a partir del momento en que se notifique al Gobierno, lo que aún no ocurrió. La Jindal Steel & Power informó el pasado fin de semana que la Cámara Internacional de Comercio (CCI) con sede en París, Francia, dictaminó el 6 de agosto que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) debe indemnizarle por la ejecución de sus boletas de garantía por 18 millones de dólares.
Valda explicó también que el pago le corresponde al Estado debido a que el contrato fue suscrito con la ESM, el Ministerio de Minería y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), representando todos al Estado boliviano.
“¿Quién es el obligado a cumplir el fallo de la CCI en este caso? No es solamente la ESM o el Ministerio de Minería; sino el Estado boliviano porque este es un contrato que se suscribe con una empresa pública”, sostuvo.
Por otra parte, dijo también que “decir que no reconocen la competencia de la CCI-París o decir que no van a cubrir ese pago, sería un perjuicio enorme para el Estado a nivel de seguridad jurídica internacional porque existiría inclusive la posibilidad de que acuerdos bilaterales o multilaterales, en el ámbito comercial, no vayan a ser suscritos con el Estado boliviano por no dar cumplimiento a fallos internacionales”, señaló.
Sin embargo, Valda dijo también que el Gobierno boliviano tiene la oportunidad y el derecho de impugnar el fallo ante una instancia superior de la CCI para lograr un nuevo dictamen que podría ratificar la decisión o modificarla.
Por su parte, Navarro señaló que el Gobierno boliviano no comparte las decisiones que priorizan capitales privados, por encima de los intereses de pueblos y Estados.
“No compartimos este tipo de acciones y decisiones que piensan en el capital privado y no piensan en beneficio de los pueblos y los Estados. Reitero, vamos a hacer conocer nuestra posición oficial en las próximas horas”, indicó a radio Fides.
En criterio del exgerente general de la ESM, Ricardo Cardona, el Gobierno no debió haber perdido el proceso arbitral interpuesto por la Jindal Steel and Power debido a que todo ese caso estaba bien encaminado.
Cardona refirió escuetamente que el Estado boliviano cobró las boletas de garantía en forma legal y agregó que si Bolivia perdió el juicio en la CCI se debe a la defensa asumida por la Procuraduría del Estado, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la misma ESM.
“Ese 15 de abril, el Estado y el presidente de la ESM, Sergio Alandia, actuaron de manera legal y creo que Bolivia podía y debía haber ganado este juicio porque la Jindal no renovó, en los plazos establecidos por contrato, las dos garantías que sumaban los 18 millones de dólares”, sostuvo.
El Contrato de Riesgo Compartido firmado entre Jindal y la ESM estableció que si la compañía privada decidió continuar con el proyecto siderúrgico debió presentar una póliza de 27 millones de dólares y ya no renovar las boletas por 18 millones. Esta póliza debió haber sido una garantía para el cumplimiento de la inversión de 900 millones de dólares para el tercer y quinto año de ejecución del plan.
Impugnación
El Gobierno aún puede impugnar el fallo. El Ministro de Minería dijo que Bolivia “no comparte” las decisiones que priorizan capitales privados, sobre los intereses de pueblos y Estados.
Sin requerimiento
El ministro de Economía, Luis Arce, dijo ayer que hasta el momento no llegó a su despacho ningún requerimiento de recursos adicionales para el pago de la indemnización a la empresa Jindal Steel & Power (JSP) por 22,5 millones de dólares por la ejecución de sus boletas de garantía. Además, indicó que una vez se cuente con ese requerimiento el tema será evaluado y que el caso es analizado por la Procuraduría General del Estado.
Consultado si el Tesoro cuenta con la disponibilidad de erogar los 22,5 millones de dólares, respondió: “Evaluaremos cuando venga el requerimiento, lo demás es simplemente especular”.
© 2017 IBCE - derechos reservados