Un conjunto de organismos reguladores peruanos de los servicios públicos expresaron su preocupación frente al reciente fallo emitido por el Primer Juzgado Constitucional de Lima, que dispone que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) se abstenga de ejercer -de manera directa o a través de sus dependencias- sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción en las operaciones y actividades del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

A través de un comunicado, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) señalaron que “respetan las decisiones del Poder Judicial; sin embargo, consideran necesario recordar la importancia de contar con entidades reguladoras independientes, técnicas y sólidas, que garanticen el cumplimiento de normas, estándares de seguridad, regulación de tarifas competitivas y condiciones óptimas de operación en infraestructuras de alta relevancia para el país”.

En esa línea, las entidades expresaron que “la supervisión y regulación en infraestructuras de uso público -sin importar la nacionalidad, naturaleza o titularidad del operador-, es un elemento fundamental para velar por los intereses del Estado peruano, la transparencia en las operaciones, la protección de los usuarios y la prevención de riesgos que puedan afectar a la ciudadanía en el funcionamiento de servicios esenciales”.

“Al respecto, cabe señalar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha enfatizado la importancia de preservar la independencia operativa de los organismos reguladores como condición esencial para el buen funcionamiento de los mercados y la protección del interés público”, remarcaron en el texto.

“En esa línea, los cuatro organismos consideran que cualquier limitación a su accionar técnico generaría un precedente negativo, pues podría afectar la capacidad del Estado para supervisar adecuadamente a las empresas que brindan servicios públicos”, enfatizaron las instituciones.

“Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán reafirman su confianza en que las instancias superiores de nuestro sistema de justicia evaluarán este caso con la mayor rigurosidad, objetividad y sustento jurídico, considerando el interés general, la defensa de los derechos los usuarios y ciudadanía en general y el rol constitucional de los organismos reguladores respecto de los servicios públicos”, subrayaron.

“Finalmente, reiteran su compromiso con el fortalecimiento institucional del Perú, la defensa de la regulación técnica independiente y la protección permanente de los usuarios de los servicios públicos”, concluyeron los organismos en el documento.