Yolanda Mamani Cayo / La Paz
Cuando faltan cuatro meses para las subnacionales se desataron conflictos violentos en tres alcaldías que están al mando del Movimiento Al Socialismo (MAS): Montero, Warnes (Santa Cruz) y Sipe Sipe (Cochabamba). En los municipios cruceños, la controversia está relacionada con el objetivo del MAS de retomar el poder tras un año de la renuncia de sus alcaldes en esas plazas, mientras que en Sipe Sipe su alcaldesa fue sometida a agresiones físicas y psicológicas.
El caso Warnes
El conflicto en Warnes se avivó en los últimos días porque los concejales Vanesa Uriona y Benedicto Choque, ambos del MAS, buscan la silla edil.
Desde la renuncia de Mario Cronenbold (MAS) en noviembre de 2019 -después de que Evo Morales dimitiera a la presidencia- el municipio tuvo por lo menos tres alcaldes interinos: Juan Pablo Viveros, Juana Arauz de la agrupación Paz y Progreso y Charly Ramiro Aparicio, suplente de Arauz.
En el mes en curso, la Alcaldía volvió a manos del MAS pero con una pugna interna entre dos concejales del partido azul: Vanesa Uriona y Benedicto Choque. Ambos dicen ser los sucesores de Arauz, pero a raíz de esa pugna se desataron protestas de los pobladores de Warnes, que exigen a las autoridades locales que trabajen por el municipio y dejen de lado sus intereses.
El conflicto en Warnes está latente desde la pasada semana, cuando hubo enfrentamientos entre ambos bandos. La Policía tuvo que intervenir las protestas y ayer nuevamente hubo amagues de confrontación. En tanto, los concejales que reclaman la silla municipal están enfrascados en temas administrativos, tratando de descongelar las cuentas para retomar funciones.
El caso Montero
En Montero, la situación tiene características similares. En noviembre de 2019 renunció el alcalde Mario Baptista, del MAS, y asumió en el cargo el concejal Miguel Ángel Hurtado, de Demócratas. Esta semana, tras casi un año de gestión, el partido azul retomó las riendas de la Alcaldía y los concejales eligieron a Teresita Paz (MAS), en reemplazo de Hurtado.
Sin embargo, el cambio se dio en medio de descontento, conflictos y violencia. El martes pasado, un grupo de personas atacaron la casa de la exdiputada del MAS Muriel Cruz, cuya vivienda fue parcialmente quemada, según reporte de medios cruceños.
Cruz declaró que sufrió la agresión “por el simple hecho” de ser del MAS. “Tengo todo el derecho de poder pensar ideológicamente y estar de lado de donde yo me siento orgullosa”, sostuvo.
En las manifestaciones también fueron agredidos los trabajadores de la prensa. En una jornada marcada por la violencia a raíz de la decisión del Concejo de Montero de designar un nuevo alcalde interino, los trabajadores de los medios de comunicación que dieron cobertura a este hecho noticioso, el martes 17 de noviembre, fueron objeto de agresiones verbales y físicas, además de haber sido amedrentados para impedir su labor informativa, dio a conocer La Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa de la ANP.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y representante de la región Daniel Prieto lamentó la situación en ambos municipios cruceños. “Exigimos a los actores respetar la institucionalidad y no provocar enfrentamientos entre ciudadanos”, afirmó.
El caso Sipe Sipe
En el municipio de Sipe Sipe, su alcaldesa María Heredia, del MAS, fue atacada por un grupo de personas que dijeron ser padres de familia, y que exigían la entrega de una canasta estudiantil.
El martes, la Alcaldesa fue retenida por manifestantes que la agredieron durante una negociación. La obligaron a permanecer toda la noche en la carretera, después fue acorralada y obligada a subirse a un burro, momento cuando perdió el conocimiento y fue auxiliada por paramédicos en plena carretera, en Mallcochapi.
Heredia, en contacto con Página Siete, lamentó las agresiones que sufrió de personas violentas presuntamente de su misma línea política. “Supuestamente son del MAS los que me están haciendo, pero no debe ser así entre nosotros. Yo, siendo de otro partido, no puedo hacer eso nunca”, dijo.
La agresión contra una autoridad electa mereció el repudio de la Gobernación de Cochabamba y de legisladores, que reprocharon el ataque. La gobernadora de Cochabamba Esther Soria reprochó el ataque y anunció que realizarán acciones legales contra los agresores y pidió a la Fiscalía y Policía que investiguen el atentado.
Este medio trató de comunicarse con el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales Álvaro Ruiz (MAS), para conocer su postura sobre los tres casos, pero no se tuvo éxito.
Entre pugnas y agresiones
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