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Cancillería acusa a la Asamblea de debilitar la democracia y pide a la ONU enviar veedor

  30 de octubre de 2020

Karem Mendoza/Periódico Bolivia

El Gobierno calificó como insólita e inconstitucional la resolución de las Cámaras de Senadores y Diputados, que eliminan los 2/3. A través de la Cancillería, también alertó de un “claro intento” de debilitar el Estado de Derecho y la democracia, ya que dicha determinación “imposibilitará” a los legisladores electos de la oposición a fiscalizar la nueva administración, a la cabeza del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En ese sentido, la canciller Karen Longaric solicitó al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviar un Representante Especial para observar la situación del proceso de transición de mando.

“Agradeceré a usted considerar enviar a Bolivia, a la brevedad posible, un Representante Especial para observar la situación de la presente transición, con el objeto de prevenir el desarrollo de prácticas autoritarias que aviven una nueva crisis política, social y democrática en Bolivia”, señala al final de la carta enviada al secretario de la ONU, Antonio Manuel de Oliveira Guterres.

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Esta semana, ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa saliente eliminaron los 2/3 y los parlamentarios del partido azul argumentaron que la decisión les permitirá agilizar los trámites administrativos.

TRANSICIÓN “EMPAÑADA”

En la misiva a Guterres, Longaric resaltó que las elecciones generales del 18 de octubre se desarrollaron en un ambiente de paz y tranquilidad. Añadió que una vez proclamados los resultados, la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, reconoció a Luis Arce y David Choquehuanca como autoridades electas y el Gobierno prepara la transmisión de mando.

Sin embargo, lamentó que “lo que debió ser transición democrática y pacífica, se ha visto empañada por acciones ilegales y arbitrarias”.
Por otro lado, apuntó que una Comisión de la Asamblea Legislativa recomendó, en su informe final, el inicio de un juicio de responsabilidades contra la Mandataria y procesos penales contra sus ministros, jefes militares y policiales, por los eventos acaecidos en Sacaba y Senkata en 2019.

“La influencia en el órgano judicial por parte del MAS es evidente. El hecho de que las órdenes de aprehensión contra Evo Morales y contra el exministro Héctor Arce Zaconeta hayan sido levantadas, dentro de los procesos por el fraude electoral (de 2019), refleja cuán cooptado y corrompido esta el sistema judicial boliviano, y cuán servicial ha sido y será con los intereses del poder político”, sentenció.

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