Juicio a Añez por Senkata-Sacaba dependerá del voto de dos tercios de la próxima Asamblea

El pleno de la Asamblea Legislativa finalmente aprobó el informe de su comisión mixta que recomienda un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez por genocidio y otros delitos por el caso Senkata-Sacaba, pero su viabilidad dependerá de los dos tercios que el MAS no lo tiene en la próxima Asamblea.

El informe final también incluye el pedido al Ministerio Público de abrir procesos penales contra 11 ministros y exministros por la vulneración de derechos y garantías al haber sido responsables en la toma de movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. La comisión estableció la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en represiones policiales y militares, tras las elecciones generales del 2019.

Antes de aplicar el rodillo parlamentario, el MAS tuvo que lidiar con una Acción de Libertad interpuesto por el ministro de Energías Rodrigo Guzmán ante el Juzgado de Sentencia Nº 3 de la ciudad de Trinidad, que dictó una medida cautelar suspendiendo la lectura de dicho informe em horas de la mañana.

La audiencia de garantía constitucionales acabó denegando la tutela solicitada por Guzmán, lo que habilitó inmediatamente a la Asamblea para tratar el informe que es resultado de un trabajo de investigación de a cargo de la comisión mixta presidida por el diputado Víctor Borda (MAS), quien advertía que si no se iba a tratar el informe constituía una traición al pueblo.

Llegó la hora de tratar en horas de la tarde y con un minuto de silencio por los muertos en las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, el pleno escuchó el informe que fue aprobado por la bancada del MAS.

La presidenta del Senado Eva Copa al término de la sesión informó que se ha recomendado un juicio contra la presidente Añez y para el efecto los informes serán remitidos a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General del Estado.

Dijo que una copia se quedará en manos de la próxima Asamblea para que tome la decisión de iniciar o no un juicio de responsabilidades que quiere el voto calificado de dos tercios por mandato de la Constitución y las leyes.

Está claro que, de acuerdo al reporte oficial del Tribunal Supremo Electoral, el MAS no tiene los dos tercios de voto y debería buscar apoyo en las bancadas opositora de Comunidad Ciudadana y Creemos.

Las tipificaciones calificadas por la comisión contra Añez son supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

Además, recomienda juicio ordinario para la canciller Karen Longaric, el ministro de Gobierno Arturo Murillo, ministro de Defensa Fernando López, ministro de la Presidencia Yerko Núñez, ministro de Justicia Álvaro Coímbra, y ministra de Medio Ambiente María Elva Pinckert.

También se incluye a los ex ministros de Desarrollo Rural y Tierras, Mauricio Ordoñez, de  Comunicación  Roxana Lizárraga,  Jerjes Justiniano exministro de la Presidencia, José Luis Parada exministro de Economía y Álvaro Guzmán exministro de Energía.

El informe recomienda juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Zuares.

Además de un juicio ordinario al excomandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero y comandante de las FFAA, Sergio Orellana.

También recomienda la destitución de la fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, por no dar celeridad a las investigaciones de los hechos de Betanzos y exhorta al Tribunal Supremo de Justicia respecto a los plazos de las medidas cautelares, toda vez que transcurrió más de un año y las personas continúan con detención preventiva y domiciliaria, según nota oficial del Senado.