Acción Popular denegada: ¡Se hizo justicia! - Gary Antonio Rodríguez Álvarez

28 de septiembre de 2020

GARY ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Día memorable el 25 de septiembre de 2020, ya que la Sala Constitucional Primera del Departamento de Santa Cruz, denegó un recurso de Acción Popular interpuesto contra el modelo productivo cruceño, habiendo sido recibido el fallo con gran regocijo por decenas de miles de productores del agro, comprometidos en trabajar por el desarrollo económico y social del país.

El Gobierno había emitido el D.S. 4232, el 7 de mayo de 2020, autorizando excepcionalmente al Comité Nacional de Bioseguridad, “establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”, indicando sabiamente, que para tal efecto, tome en cuenta “las acciones y medidas adoptadas por los países vecinos, referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética; para lo cual el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realizarán las evaluaciones correspondientes”, dando un plazo de 10 días para aprobar dicho procedimiento, aunque el D.S. 4238, del 14 de mayo de 2020, lo amplió a 40 días.

Curiosamente, a contrapelo de lo dicho por 155 Premios Nobel que respaldan la agrobiotecnología, ciertos activistas opuestos a la ciencia y la tecnología que ayudan a combatir la pobreza en el agro, plantearon en julio una Acción Popular para tumbar dichos Decretos, aduciendo que se vulneraba derechos de sus “representados”, cuando el Gobierno no aprobó un solo evento biotecnológico nuevo, sino que tan solo abrió la posibilidad de que el Comité Nacional de Bioseguridad apruebe un procedimiento abreviado, apuntando a la “transportabilidad de datos” permitido por el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, a fin de asimilar experiencias exitosas de otros países, considerando la urgencia de contar con tal tecnología, para enfrentar la crisis económica que se podría desatar el año que viene.

Los activistas tuvieron la osadía de demandar a la Presidente del Estado y a todos sus Ministros que firmaron el Decreto. La Audiencia se difirió dos veces, pero el 25 de septiembre se llevó a cabo, con representantes del Gobierno, de los “contras” y de ANAPO, como Tercera Parte Interesada.

Luego de más de 5 horas y media en la que se presentaron los alegatos, acabó la Audiencia, y los dos jueces se retiraron a deliberar para, después de 2 horas y media de espera, emitir su fallo el que gracias a Dios salió favorable a los productores del agro, al denegarse la procedencia de la mentada Acción Popular.

Gran trabajo el realizado por muchas instituciones comprometidas con el desarrollo. Debo confesar que, habiendo seguido atentamente el desarrollo de la Audiencia Popular, me sorprendió gratamente la actuación de los Abogados que defendieron al gobierno -bien preparados- además, esclarecidos sobre la necesidad de la agrobiotecnología para que nuestros productores generen más y mejores alimentos para los bolivianos así como para millones de personas en el mundo. Gracias a Dios, se hizo justicia…