Denuncian una mala gestión y corrupción en la Gestora Pública

Página Siete  /  La Paz

En una carta dirigida al ministro de Economía, Óscar Ortiz, los trabajadores de base de la Gestora Pública denunciaron desde contrataciones irregulares hasta deficiencias en la gestión en el interior de la entidad pública, durante la gestión del exgerente Sergio Flores.

“Es cuestionable que la actual y la anterior gestión de la Gestora se encuentre trabajando en un entorno que solo esté para llenarse los bolsillos y aprovechar la coyuntura para realizar más actos de corrupción”, señala la misiva.

Por su parte, el exgerente de la Gestora Sergio Flores indicó que la carta enviada al Ministerio de Economía carece de veracidad y que fue formulada en represalia por las acciones que él tomó en el interior de la Gestora como parte de una reingeniería.

“No se sabe a ciencia cierta quién ha redactado esa carta, pero supongo que se trata de extrabajadores que fueron separados de la Gestora durante la reingeniería que realizamos desde que asumimos el mando”, explicó.

Entre las denuncias que realizaron los trabajadores, se señala que Flores presuntamente contrató al menos a 32 personas de su confianza para diversos cargos de manera directa, sin que éstos cumplieran con los requisitos para los cargos que ocupan.

 “Las nuevas contrataciones fueron y están siendo realizadas a dedo mediante invitación directa y el manejo de ítems es totalmente indiscriminado, sin respetar los niveles profesionales y técnicos”, indica la misiva.

Por ejemplo, la carta cita el caso del  ítem de responsable del área de recursos humanos, con un salario mensual promedio de 14.974 bolivianos, el cual fue asignado “irregularmente” a la funcionaria J.C.P., la cual no cumple con el perfil y que se desempeña actividades de atención al cliente, cargo que tiene una remuneración entre 4.763 y 4.350 bolivianos.

Deficiencia en la gestión

La carta menciona una serie de observaciones a la gestión administrativa de la Gestora, entre los cuales se citan contrataciones irregulares para el pago de la Renta Dignidad, la falta de conciliaciones de cuentas del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), la falta de registros contables sobre el pago de bonos de ayuda del gobierno, la inexistencia del proceso de reingeniería que anunció la Gestora a principios de año, entre otras observaciones.

Sobre este último punto, los trabajadores que firman la carta  indican que lo único que se hizo al respecto de la reingeniería fue el despido de 28 trabajadores, realizado entre diciembre de 2019 y febrero de 2020.

 “La reingeniería únicamente consistió en el retiro de 28 trabajadores, muchos de ellos con la experiencia en el manejo del área de pensiones, un recurso humano difícil de reemplazar y que fue en muchos casos cambiado por personal contratado a dedo por Flores”, señalan.

Otra de las denuncias indica que Flores fue designado como gerente de la Gestora sin haber presentado todos los requisitos que requería el cargo y de la misma manera, otros funcionarios designados por él fueron ascendidos a puestos superiores sin haber cumplido con los 90 días de prueba que se requiere, según  la ley.

“Por esta razón, solicitamos se proceda realizar una evaluación e investigación minuciosa. Exigimos a las autoridades tomar cartas en el asunto”, concluye la misiva. 

Hasta el cierre de esta nota, ni la Gestora ni el Ministerio de Economía respondió a las consultas que hizo Página Siete sobre éstas y otras denuncias.

Trabajadores denunciaron  desfalco 

• Carta Mediante la misma  carta dirigida al ministro de Economía, Óscar Ortiz, los trabajadores de base de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo denunciaron el pasado 14 de septiembre un desfalco de aproximadamente 35,4 millones de bolivianos en el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) ocurrido durante la gestión del ex gerente general de la entidad pública Sergio Flores.
• Defensa Por su parte, Flores rechazó la acusación,  señaló que la carta tiene un afán político y busca desprestigiar su gestión al frente  de la Gestora e indicó que según sus propias consultas al interior de la entidad pública desconocen quién redactó y envió la carta al Ministerio de Economía, he indicó que no hubo un daño económico, sino al  contrario, hubo una utilidad de aproximadamente 19 millones de bolivianos.