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CNC ve que Ley 1055 pone en riesgo el patrimonio de privados y obreros

  11 de enero de 2019

La futura aprobación de la reglamentación de la Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales sigue generando polémica. Luego de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, el sector empresarial advierte que de aplicarse, traerá problemas al patrimonio de los empresarios, pero también, a los propios trabajadores. Proponen crear un fondo de reactivación de empresas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, dijo que con esta ley, las fábricas en quiebra que estaban a nombre de una empresa, van a pasar a nombre de los trabajadores. Toda la maquinaria y materia prima también. Eso es transferencia de la propiedad y un atentado al derecho de los empresarios. Pero también, hay ejemplos que demuestran que los trabajadores no tienen la capacidad y se van a ver comprometidos en su patrimonio. Al momento en que los obreros reciban una fábrica quebrada, van a tener que buscar financiamiento bancario donde les van a pedir garantía personal, van a comprometer su patrimonio, casa, auto. Van a estar hipotecados y si la fábrica sigue quebrada, van a perder ese patrimonio”, advirtió.

Recordó que el mismo Estado, cuando expropió la Empresa Nacional de Textiles Enatex (Enatex) no pudo manejarla. En ese sentido, señaló que con esta ley “nadie gana”, pues “el empresario pierde el esfuerzo de su vida”, “el trabajador compromete su patrimonio” y pierde “el país, porque se cierran las unidades productivas que generan empleo a la gente”.

Reglamento

La reglamentación de la ley es una de las normas que deberá ser aprobada hasta el 31 de este mes, según el Acta de Entendimiento firmado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), la semana pasada.

Para aplicar la Ley 1055, este reglamento debía aprobarse 90 días después del 26 de abril, cuando fue promulgada en el entonces Palacio de Gobierno. Sin embargo, pasaron 260 días, sin su aprobación por el gabinete ministerial.

Los empresarios habían guardado silencio hasta ahora y luego del impulso que se le quiere dar a su reglamentación, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia CEPB) presentó el recurso de inconstitucionalidad porque considera que su aplicación puede ocasionar daños irreparables al patrimonio de los emprendedores y su patrimonio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la ciudad de Sucre.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, había manifestado que, además de asumir la administración de las empresas, es importante una inyección económica para la reactivación de la empresa que pase a manos de los trabajadores.

Hasta el año pasado, el Gobierno se resistía a hacerse cargo del tema económico y se buscaban alternativas.







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