MAS interpela a ministros y el procurador se reúne con bancada por
caso Quiborax

Los diputados opositores pidieron la interpelación en abril y les dijeron que no era tuición de Arce. El MAS planteó el pliego en junio y programaron el acto suspendiendo el receso

Finalmente, los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, acudirán a la Asamblea para responder un pliego interpelatorio elaborado por dos diputados del MAS y justo un día antes de esa sesión, el procurador, Pablo Menacho, se reunió con la bancada del oficialismo. Según los diputados, en la cita les explicó todo el caso que identifica cómo el principal responsable es Carlos de Mesa y no alguna autoridad del actual Gobierno que negoció el caso.

“Nos ha informado de errores procedimentales que han sido cometidos por el exdignatario a la hora de no haber dado una respuesta a la empresa que hizo una contienda internacional, ahora el que tiene que pagar es el Estado boliviano con los $us 42,6 millones que nos han sentenciado”, señaló el diputado Sergio Choque cuando abandonaba la reunión de bancada ayer en la Vicepresidencia y añadió que la reunión debía seguir con las explicaciones de la autoridad.

La diputada Betty Yañíquez también confirmó la presencia del procurador en la reunión que realiza la bancada del MAS los días martes en esos ambientes y aseveró que Menacho trajo todos los documentos que demuestran la responsabilidad, en el caso, del expresidente Carlos de Mesa.

“Esta no es una acusación política, es una investigación judicial y existe prueba de todos los actos”, afirmó la legisladora oficialista.

Su correligionario Víctor Borda también confirmó el encuentro y  agregó que después de observar la documentación se puede comprobar que las autoridades de  Gobierno no tienen responsabilidad alguna en este caso; sin embargo, fue duro a la hora de calificar el trabajo de la ex subprocuradora Carmiña Llorenti.

Tras la reunión, el procurador evadió a los medios porque no salió por la puerta principal de la Vicepresidencia, donde esperaban los periodistas, y por  la tarde no contestó su celular.

De oficio

Los legisladores del MAS adelantaron que hoy en la sesión de interpelación se podría tomar la decisión de pedir un enjuiciamiento de Carmiña Llorenti, a quien acusan de haber filtrado los documentos a la empresa. “Eso no es gratis y peor si era funcionaria del Estado”, manifestó Borda.

En la Fiscalía General informaron de que hoy esta exfuncionaria prestará su declaración. Los legisladores del MAS piden que  sea enjuiciada por entregar documentos sensibles y clasificados a los empresarios chilenos.

Según el diputado Choque, esas determinaciones serán asumidas por el pleno luego de escuchar las explicaciones de los dos ministros.

Los diputados deslizaron que al no existir responsabilidad del Gobierno, los ministros serán defendidos de los ataques de los opositores y la opositora Lourdes Millares recordó que en todo el tiempo que ella es legisladora nunca ningún ministro fue censurado por su propia bancada, pese a la responsabilidad que tuviera.

Dijo que como en otros casos, los dos ministros, Arce y Navarro, saldrán ovacionados de este acto y no responderán a las preguntas que se plantearon desde la bancada opositora.

El diputado Gonzalo Barrientos denunció que el MAS manipuló la entrega de los pliegos de interpelación porque ellos presentaron el suyo en mayo y nunca recibieron respuesta y luego apareció el MAS con el suyo, y la Asamblea incluso suspendió su receso parlamentario para poner en agenda este acto.

El diputado Amílcar Barral recordó que entregó su pedido sobre las nacionalizaciones en abril de este año y que la interpelación fue fijada para mayo, pero un día antes, el 25 de mayo, recibió una nota en la que el ministro de Justicia afirmaba que no le corresponde atender esas preguntas y que se debía dirigir al procurador.

Según Barral, llama la atención el hecho de que a él le hubieran manifestado que no era tuición del ministro esos temas y que ahora aparece el MAS interpelando al ministro con preguntas básicas.

El pliego del MAS fue presentado el 28 de junio, es decir, un mes después que le negaron esa petición a Barral.

La diputada Concepción Ortiz dijo que ellos como diputados tampoco pueden hacer mayores observaciones a los pliegos que   presentan sus colegas y que ellos tienen sus propias observaciones a los actos de los ministros que no pueden ser debatidos con mayor profundidad porque existe una decisión política de la bancada sobre estos actos.

Aclaró, sin embargo, que sobre este caso específico no hubo acuerdo en  la bancada y es en el pleno, después de escuchar las explicaciones de los ministros convocados, que se toma una decisión en la bancada sobre qué tipo de decisión tomarán.

“Nosotros qué más podemos hacer o preguntar, el reglamento dice que solo los interpelantes pueden hacerlo, los demás tenemos que escuchar solamente y después votar”, explicó la legisladora que representa a los interculturales de Bolivia.

La historia

El diputado Borda, que es uno de los interpelantes, dijo que los ministros deben responder preguntas que van más allá del caso Quiborax específicamente y explicó que es necesario recordar que el saqueo del salar de Uyuni fue aprobado en el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que amplió la denominada “costra salina” del salar y permitió la concesión a Quiborax.

Luego dijo que el ingreso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) también fue aprobado en ese Gobierno y finalmente el acuerdo bilateral entre Bolivia y Chile sobre inversiones también fue aprobado en el mismo Gobierno, y que todos esos antecedentes permitieron que la empresa Non Metallic Minerals iniciara una demanda internacional por una empresa que nunca invirtió en el país, pero que obtuvo ganancias.

Ya acudieron seis ante la Fiscalía por caso Quiborax
Gustavo Pedraza y Luis Fernández ayer comparecieron ante el fiscal, que tiene hasta el 10 de julio para definir juicio a Mesa

Los datos

Silencio
Varios diputados del MAS evitaron hablar de la presencia del procurador en la reunión de bancada de ayer y dijeron que se habló de temas de coyuntura política entre ellos.

Evasivo
El procurador salió por la biblioteca de la Vicepresidencia y de ese modo huyó de los medios de comunicación que esperaban en la puerta principal.

La coyuntura
No solo la bancada del MAS, la dirigencia del Conalcam llegó hasta Palacio con la misma agenda y sus dirigentes se reunieron con el presidente hasta después del mediodía.

12 años
Los legisladores opositores y que tienen antigüedad en el Parlamento recordaron que en 12 años, nunca, ningún ministro fue censurado por el MAS.

Los integrantes del gabinete que comparecerán hoy deberán responder 12 preguntas de sus correligionarios

Los diputados del MAS Víctor Borda y Betty Yañíquez enviaron un pliego interpelatorio que tiene  12 preguntas, que serán respondidas la mañana de hoy por los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro.

Sobre el motivo del arbitraje, el cuestionario solicita indicar cuáles son los antecedentes para la explotación de las reservas de boro y ulexita en el salar de Uyuni. Cuándo y por qué surgió la controversia internacional.

Respecto al juicio ante el Ciadi, solicita que expliquen los fundamentos, la fecha y los instrumentos jurídicos a través de los cuales  el Estado aceptó la jurisdicción y competencia del Ciadi para resolver competencias con empresas chilenas. ¿Cuándo las empresas socias comunicaron a De Mesa la existencia de un posible litigio y en qué fecha solicitaron el arbitraje internacional.

Sobre la defensa, que expliquen el procedimiento del arbitraje, y si se presentaron todos los memoriales, si descubrieron irregularidades en Non Metallic Minerals S.A. y qué se hizo, las acciones para objetar la jurisdicción del tribunal arbitral y en contra del laudo del 16 de septiembre de 2015, las características de los tribunales internacionales de protección de inversiones y el trabajo de defensa legal en el arbitraje ante el Ciadi contra el Estado. Sobre las negociaciones, piden explicación sobre las de $us 3 millones en 2008 y las de 27 millones en 2016 y cuáles eran las consecuencias de no cumplir con el laudo y la fundamentación del Ciadi.