La presidenta, Dilma Rousseff, consideró que la iniciativa abre el camino para la modernización del sistema de puertos del país, a través de la participación privada en su gestión por tiempo indefinido y bajo supervisión permanente del Estado.

El Gobierno brasileño autorizó la construcción de 50 puertos privados, en virtud a la nueva legislación de puertos aprobada hace casi dos meses, con una inversión de 11.000 millones de reales (más de US$4.860 millones).

"Hoy completamos la nueva apertura de los puertos brasileños. En vez de ser las naciones amigas, es el sector privado del país, porque necesitamos estructuras más robustas en el sistema portuario, de mayor eficacia", dijo en un acto público en la sede del Gobierno brasileño.

A pesar de que el Gobierno recibió 123 peticiones para construir terminales, rechazó muchas de ellas por falta de documentación o problemas técnicos, según dijo el secretario especial de Puertos, Leônidas Cristino.

Veintisiete de los nuevos puertos se construirán en la región norte, otros tres en el noreste y el mismo número en las hidrovías del centro y oeste de Brasil.

Además, se construirán cinco en la región sur y doce en la región sudeste: cuatro en Sao Paulo, siete en Río de Janeiro y uno en el estado de Espíritu Santo.

Según informó el gobierno en una nota de prensa, se espera un nivel de cargamentos de 105 millones de toneladas al año en los 50 nuevos puertos.

Aquellos operadores que tengan interés en la construcción de una terminal tienen de plazo hasta el próximo 5 de agosto para presentar la solicitud.

La nueva Ley de Puertos, publicada el pasado viernes en el diario oficial de Brasil y sancionada por Rousseff el pasado 5 de junio, tiene como objetivo mejorar la eficacia de los puertos y reducir costes, así como atraer más inversiones en el país.

La ley abre puertas a la inversión privada en los puertos públicos, que hasta ahora eran objeto de severas restricciones.

Las nuevas normas se aprobaron el pasado mes de mayo después de un intenso debate.

La votación en el Senado, que le daba fuerza de ley al decreto que proponía la presidenta Rousseff, se realizó inmediatamente después de que concluyera un maratoniano debate en la Cámara de Diputados, que la oposición logró postergar durante más de 48 horas mediante diversos mecanismos legales.

Los senadores de la oposición protestaron con vehemencia porque sólo contaron con unas pocas horas para analizar las modificaciones hechas al decreto en la Cámara de Diputados y hasta solicitaron al Tribunal Supremo que impidiera la sesión.